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Agricultura
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AGRICULTURA
Tal como se afirmó en la Conferencia de las Naciones Unidas de 1972 sobre el Medio Humano y en la Cumbre para la Tierra de 1992, los seres humanos son el centro del desarrollo sostenible. Sin embargo, aún hoy, más de 900 millones de personas siguen padeciendo hambre. Las poblaciones pobres del mundo, especialmente en las zonas rurales, están entre los más vulnerables ante las situaciones de crisis alimentaria, climática, financiera, económica, social y energética, y ante las amenazas a las que el mundo hoy se enfrenta.
No podemos llamar sostenible al desarrollo mientras persista esta situación, mientras que casi uno de cada siete hombres, mujeres y niños se queda atrás, víctima de la subnutrición.
La búsqueda de la seguridad alimentaria puede ser el hilo común que una los distintos desafíos que enfrentamos y contribuye a construir un futuro sostenible. En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río + 20) tenemos la oportunidad de oro para explorar la convergencia entre los programas de la seguridad alimentaria y la sostenibilidad a fin de hacer realidad ese futuro sostenible.
Ambos requieren cambios en busca de modelos más sostenibles de producción y consumo. Para alimentar a una población en crecimiento que se espera supere la cifra de 9 000 millones en 2050, la FAO prevé la necesidad de aumentar la producción agrícola en un 60% como mínimo en los próximos decenios. A tal fin, debemos conservar y crecer: aumentar la producción agrícola al mismo tiempo que preservamos el medio ambiente.
Pero incluso en ese caso, la presión sobre nuestros recursos naturales será extrema. Por tanto, debemos también cambiar la manera en que comemos y hallar la forma de alimentar al mundo sin necesidad de producir tanto. Esto puede hacerse pasando a dietas más saludables en los sectores más ricos de la población y reduciendo la pérdida y el derroche de alimentos que existen en los países industrializados y en los países en desarrollo, que nos hacen desechar 1 300 millones de toneladas de alimentos cada año, entre la producción y el consumo.
Sin embargo, incluso si realmente incrementamos la producción agrícola en un 60%, el mundo todavía tendrá 300 millones de hambrientos en 2050 porque, al igual que los cientos de millones de hoy en día, seguirían careciendo de los medios para acceder a los alimentos que necesitan. Para ellos, la seguridad alimentaria no es un problema de insuficiencia de la producción; se trata de un problema de acceso inadecuado. La única forma de garantizar su seguridad alimentaria es creando empleos dignos, pagando mejores salarios, dando acceso a activos productivos y distribuyendo los ingresos de una manera más equitativa.
Tenemos que traer a estas personas a la sociedad, complementando el apoyo a los pequeños agricultores y oportunidades de generación de ingresos con el refuerzo de las redes de protección, programas de dinero por trabajo y de transferencias de dinero que contribuyen al fortalecimiento de los circuitos de producción local y consumo, en un esfuerzo que debe contribuir a nuestros objetivos de desarrollo sostenible.
La transición hacia un futuro sostenible también exige cambios fundamentales en la gobernanza de la alimentación y la agricultura y un reparto equitativo de los costos y los beneficios de la transición. En el pasado, los más pobres han pagado una parte mayor de los costos de transición y han recibido una menor proporción de los beneficios. Este es un desequilibrio inaceptable y que debe cambiar. La velocidad del cambio también debería preocuparnos, de tal manera que la población vulnerable pueda adaptarse y ser parte de los cambios, en lugar de ampliar las diferencias que existen en la actualidad.

La mejora de los sistemas agrícolas y alimentarios es fundamental para que aumente en todo el mundo la salud de la población y los ecosistemas. No se puede llevar una vida sana y productiva a no ser que “todas las personas tengan en todo momento acceso físico, social y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana” (FAO, 1996).
Los ecosistemas sanos deben ser resistentes y productivos y facilitar los bienes y servicios necesarios para atender las necesidades y deseos actuales de la sociedad sin poner en peligro las posibilidades de las generaciones futuras de beneficiarse del abanico completo de bienes y servicios derivados de los ecosistemas terrestres, acuáticos y marinos.
Existen vínculos muy estrechos entre las condiciones para alcanzar a escala universal la seguridad alimentaria y nutricional, la administración responsable de los recursos medioambientales y una gestión alimentaria más justa.
Todos ello converge en los sistemas agrícolas y alimentarios a nivel mundial, nacional y local. Para poner de relieve estos vínculos, la FAO desea transmitir a la Cumbre Río+20 tres mensajes principales:
• La visión de Río de un desarrollo sostenible no podrá hacerse realidad a menos que se erradiquen el hambre y la malnutrición.
• La visión de Río exige que tanto el consumo de alimentos como los sistemas de producción consigan más con menos.
• La transición a un futuro sostenible exige cambios fundamentales en la gobernanza de la alimentación y la agricultura, así como una distribución equitativa de los costos de la transición y sus beneficios.

La FAO está convencida de que la visión de Río seguirá sin cumplirse mientras perduren el hambre y la malnutrición.
La gestión sostenible de los sistemas agrícolas y alimentarios es clave para un futuro sostenible. Se necesitan políticas acertadas con el objeto de crear los incentivos y capacidades necesarios para un consumo y una producción sostenibles y ofrecer a los consumidores y los productores opciones sostenibles.
Los gobiernos nacionales y otras partes interesadas tienen que:
1. Establecer y proteger los derechos sobre los recursos, especialmente para los más vulnerables;
2. Incorporar en los sistemas alimentarios incentivos al consumo y producción sostenibles;
3. Promover mercados agrícolas y alimentarios justos que funcionen adecuadamente;
4. Reducir el riesgo y aumentar la capacidad de resistencia de los más vulnerables; e
5. Invertir recursos públicos en bienes públicos esenciales, incluidas la innovación y la infraestructura.

Utilizar las Directrices Voluntarias en apoyo de la Realización Progresiva del Derecho a una Alimentación Adecuada en el Contexto de la Seguridad Alimentaria Nacional y las Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional como marcos generales para el logro de la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible equitativo.
Apoyar los esfuerzos de todas las partes interesadas que se ocupan de la alimentación y la agricultura, especialmente en los países en desarrollo y menos adelantados, para aplicar enfoques técnicos y normativos de desarrollo agrícola que incorporen objetivos ambientales y de seguridad alimentaria.
Garantizar una distribución equitativa de los costos y beneficios derivados de la transición al consumo y la producción agrícolas sostenibles, así como la protección de los medios de vida de las personas y su acceso a los recursos.
Adoptar enfoques integrados para gestionar múltiples objetivos y vincular las fuentes de financiación para lograr una agricultura y sistemas alimentarios sostenibles.
Emprender reformas de la gobernanza basadas en los principios de transparencia, participación y rendición de cuentas para garantizar la aplicación de las políticas y el cumplimiento de los compromisos. El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial puede servir de modelo para estas reformas.

En el primer principio de la Declaración de Río de 1992 (Naciones Unidas, 1992) se afirma lo siguiente:
Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible.
Tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza.
Desde entonces se ha hecho mucho por acercar al mundo a un futuro común y sostenible, pero, 20 años después, aún tenemos que hacer valer este principio fundamental; demasiadas personas del planeta aún no llevan una vida saludable y productiva, mientras que el mundo crece de formas que no siempre están en armonía con la naturaleza. ¿En qué no hemos estado a la altura de las circunstancias?
La vida saludable y productiva depende de la seguridad alimentaria, que se logra cuando “todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana” (FAO, 1996). Son muy estrechos los vínculos entre las condiciones necesarias para alcanzar la seguridad alimentaria y la nutrición universales, la administración responsable del medio ambiente y una gestión alimentaria más justa.
Todo ello converge en los sistemas agrícolas y alimentarios a nivel mundial, nacional y local. Uno de los mayores defectos de los actuales sistemas alimentarios es que, pese a los progresos significativos en el desarrollo y la producción de alimentos, cientos de millones de personas pasan hambre al carecer de medios para producir o comprar los alimentos que necesitan para llevar una vida saludable y productiva. Los sistemas alimentarios deben gestionarse con el fin de alcanzar la seguridad alimentaria universal.
Un segundo defecto de los actuales sistemas alimentarios es que su impacto ambiental es alto. Los costos y beneficios de un sistema sostenible no se reflejan adecuadamente en las decisiones adoptadas por todos los participantes en estos sistemas: los millones de personas que gestionan ecosistemas para producir alimentos y otros bienes y servicios agrícolas, los 7 000 millones de consumidores de todo el mundo y las instituciones públicas y privadas que influyen en estas decisiones. Los sistemas alimentarios deben gestionarse de forma sostenible.

Los sistemas agrícolas incluyen los procesos naturales o gestionados de obtención de productos alimentarios y no alimentarios (como combustible o fibra) a partir de la agricultura, la ganadería, la pesca y la silvicultura.
Los sistemas agrícolas constituyen la fuente de todos los alimentos del mundo y la principal fuente de ingresos de la mayor parte de la población pobre que padece inseguridad alimentaria.
Los sistemas alimentarios coinciden con los sistemas agrícolas en la esfera de la producción alimentaria, pero también comprenden las distintas combinaciones de instituciones, tecnologías y prácticas que determinan la comercialización, la elaboración, el transporte, el acceso y el consumo en relación con los alimentos. Los sistemas alimentarios influyen no solo en qué se consume y cómo se produce y se compra, sino también en quién puede comer y la medida en que sus alimentos son nutritivos.

La mejora de los sistemas agrícolas y alimentarios es esencial para que aumente en todo el mundo la salud de la población y los ecosistemas. Dos de los principales elementos de la respuesta necesaria no son nuevos, si bien seguimos avanzando cada vez más en su comprensión: que la erradicación del hambre es esencial para el desarrollo sostenible y que para eliminar el hambre y proteger los ecosistemas son fundamentales sistemas de consumo y producción sostenibles. No hemos estado a la altura en relación con un tercer elemento: las dificultades relativas a la gobernanza que deben abordarse para alcanzar estas metas. Sabemos claramente lo que hay que hacer, pero todavía carecemos de un sistema de gobernanza que garantice la aplicación, el seguimiento y la evaluación de lo sabido y acordado.

Para conseguir el futuro que queremos (un mundo sin hambre y con desarrollo sostenible), la FAO trata de fomentar el consenso en torno a los cambios necesarios a nivel mundial, regional y nacional para erradicar el hambre, apoyar la transición a sistemas sostenibles de consumo y producción de alimentos y garantizar una gestión alimentaria más justa. Pide que este consenso se traduzca en un compromiso de acción profundo y sostenible y exhorta a todas las partes interesadas representadas en Río a que adopten con urgencia la nueva determinación necesaria para actuar juntos en un espíritu genuino de cooperación y alianza con el fin de aplicar las medidas necesarias y asumir la responsabilidad a efectos de la consecución del primer principio de Río de 1992.


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ÁREAS PROTEGIDAS
Los mares y océanos de América Latina son de una riqueza inimaginable, lo que obedece a condiciones oceanográficas en las que las corrientes tropicales se mezclan con aguas antárticas y subantárticas, una cantidad de grandes ríos surcan el continente depositando en esas aguas una gran carga de nutrientes, una morfología costera de lo más variada, que cobija un sinnúmero de ecosistemas y bellezas naturales inigualables, y regímenes de vientos que producen la surgencia, lo que posibilita áreas de gran productividad

Todo lo anterior se podría considerar una ventaja comparativa fundamental para el desarrollo de la región; sin embargo, no se ha sabido aprovechar de forma inteligente, con una mirada a largo plazo. De hecho, dicha riqueza ha sido saqueada y los ríos que antes aportaban nutrientes hoy tienen cuencas que drenan contaminadas, sin nombrar la presión sobre nuestras costas por los asentamientos humanos, la especulación inmobiliaria y la expansión de la acuicultura descontrolada. Por estas razones, debemos mirar hacia el futuro y actuar de manera concertada para que la conservación de nuestros mares y océanos sea una realidad y permita un desarrollo para las generaciones actuales y futuras.

Uno de los instrumentos cuyos resultados han sido científicamente demostrados para la conservación del medio marino y costero son los sistemas de áreas protegidas, que al integrarse entre los espacios terrestres y marino bien gestionados permite mantener la estructura y salud de los ecosistemas que en definitiva resguarda nuestro patrimonio natural.

Actualmente los grandes desafíos consisten en mejorar la institucionalidad en los países, fortalecer la capacidad y definir formas eficientes para una conservación efectiva de la biodiversidad marina y costera. Este proceso ha venido evolucionando lentamente en la región gracias a un apoyo significativo de las organizaciones no gubernamentales internacionales de esta área y en algunos países de la región que han identificado estas zonas como áreas prioritarias de conservación. Además, el Convenio sobre la Diversidad Biológica ratificado por la mayoría de los países latinoamericanos ha trazado metas claras de proteger el 10% de los ecosistemas relevantes en el caso marino costero al 2012.

En la década actual se observa un significativo avance en esta materia y uno de los grandes promotores ha sido el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (Global Environment Facility – GEF).

Sin embargo, uno de los acontecimientos más transcendentes ocurridos en la región en los últimos tiempos ha sido el Congreso de Parques y Otras Áreas Protegidas, realizado en Bariloche, Argentina, durante 2007. Este encuentro marcó un antes y un después en el tema de las áreas marinas y costeras en la región, ya que dio un impulso para que los países mejoren su institucionalidad en ese tema, generó una discusión entre pesca y áreas protegidas, revitalizó redes adormecidas en el tema y planteó nuevos desafíos.

Para aprovechar esta nueva ola posterior a Bariloche, es necesario fortalecer las redes de áreas marinas y costeras de la región, mejorar los aspectos de sensibilización de la sociedad civil, no solamente con las especies carismáticas sino con la necesidad de conservar aquella biodiversidad endémica y singular de los países. Para alcanzar tal objetivo es recomendable mejorar las formas de integración de los países para lograr un mayor intercambio en todos los ámbitos del quehacer de la creación, declaración y gestión de las áreas marinas costeras protegidas. Entre todos debemos marchar hacia una efectiva conservación de la biodiversidad marina y costera de la región reconociendo el papel que jugar en el monitoreo de los efectos del cambio climático, y definiendo acciones de adaptación para lograr la estabilidad ecológica de tierra y mar.

Las Áreas Protegidas son el mayor acuerdo mundial sobre el uso del territorio, la piedra angular para la conservación (Montes 2011). La creación de éstas constituye uno de los primeros y más importantes esfuerzos de la humanidad por conservar la naturaleza. Desde la declaración del primer Parque Nacional Yellowstone, en Estados Unidos, “como un parque público o área de esparcimiento para el beneficio y disfrute de la gente”, este concepto ha ido evolucionado, siendo el más reciente el adoptado por la UICN, en el 2008,

“Un espacio geográfico claramente definido, reconocido, dedicado y gestionado, mediante medios legales u otros tipos de medios eficaces para conseguir la conservación a largo plazo de la naturaleza y de sus servicios ecosistémicos y sus valores culturales asociados”(Dudley 2008).

Son entonces, las Áreas Protegidas, uno de los eslabones más importante de los procesos de conservación en los países, pues al ser reconocidas involucran diferentes formas de gobernanza pública o privada, por ser dedicadas están estableciendo un compromiso específico vinculante con la conservación, y al estar gestionadas, desarrollan las acciones específicas y efectivas en torno a la protección, conocimiento, restauración y uso sostenible de la biodiversidad. Además, son instrumentos de concertación social, en las que necesariamente hay que establecer acuerdos con todos los actores que tienen intereses o se benefician del territorio.

La creación de estos espacios naturales, dedicados fundamentalmente a la protección y al uso sostenible de los recursos, ha dado respuesta a la necesidad mundial de salvaguardar la diversidad biológica y mantener la integridad de los ecosistemas. Existen en la actualidad alrededor de más 44.000 áreas protegidas a lo largo de mundo, las cuales generan un sinnúmero de beneficios para el desarrollo humano: constituyen reservorios de diversidad biológica, es decir, genes, especies, poblaciones y comunidades bióticas, contribuyen a la regulación del clima, a la provisión de agua limpia y a la protección contra desastres naturales, entre otros. Proveen también bienes a través del uso sostenible de sus recursos y de los valores recreacionales que incluyen.

Según el Centro de Seguimiento de la Conservación Mundial del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (WCMC-UNEP) en Cambridge, Reino Unido, en el año 2009 en el mundo, habían poco más de 5.000 áreas marinas protegidas, cubriendo un área de más de 3.1 millones de km2 (menos del 1% de la superficie de la tierra), comparado con las más de 115.000 áreas protegidas terrestres que se extienden por 18 millones km2 (el 11.9% de la superficie de la tierra).

“área protegida marina y costera significa toda zona definida dentro del medio marino o contigua al mismo, juntos con las aguas que la cubren, la flora, fauna y rasgos históricos y culturales asociados, que ha sido reservada por acto legislativo o por otros medios efectivos, incluso la costumbre, para que su diversidad biológica marina y/o costera goce de un nivel de protección superior a su entorno”.

La región abarca una gama única de los principales ecosistemas costeros, incluyendo manglares, arrecifes de coral, pastos marinos, marismas, lagunas costeras, playas de arena, praderas de algas e incluso, la región de los fiordos del sur de Chile. Además, gran significación le confieren las islas oceánicas como: Galápagos, Coco, Malpelo y las islas orientales que se originaron en el Pacífico, así como las islas Malvinas y Antillas, que surgen en el sur Atlántico y Mar Caribe, respectivamente (Kelleheret al. 1995). De igual forma, las masas oceánicas que rodean a América Latina contribuyen significativamente a la diversidad y la productividad de los ecosistemas costeros de la región, proporcionando la base para el desarrollo económico a lo largo de los países. Además, varios de los estuarios más grandes y productivos del mundo se encuentran en esta región, como los observados en la desembocadura de los ríos Amazonas y La Plata en el Atlántico, y los presentes en el Golfo del Guayas y en el Golfo de Fonseca en el Pacífico. Esta zona presenta además, el segundo sistema más grande de arrecifes de coral, el Sistema Arrecifal Mesoamericano, que se localiza en el Mar Caribe y comparte territorio con cuatro países centroamericanos. También posee las aguas de más alta productividad pesquera, frente a las costas de Perú y Chile, las cuales sostienen una de las cinco importantes pesquerías comerciales a nivel mundial (IADB 1998).

En la región también se localizan 9 de las 34 “áreas calientes” (hotspots) de alta biodiversidad y alta amenaza en el planeta. Estos lugares biológicamente más ricos y a la vez más amenazados del planeta que fueron identificados por Conservación Internacional (IC) y con alta prioridad para la conservación.

Sin embargo, las afectaciones de los ambientes marinos documentados en todo el mundo, principalmente como consecuencia de la sobrepesca, la contaminación y los impactos directos e indirectos del cambio climático (Jackson et al. 2001; Myers y Worm 2003; Kappel 2005; MEA 2005, 2006), también son evidentes en esta región. Las zonas costeras y marinas de América Latina están experimentando una transformación rápida y drástica (Sheppard 2000). El desarrollo costero residencial y comercial ha modificado la línea de costa y causa su degradación (Cohen et al. 1997). El 60% de la población está concentrado a 100 km de las costas. Como resultado, la sobreexplotación de los recursos marinos es muy amplia. Más del 80% de las reservas comercialmente explotables en el sur del Atlántico Occidental y 40% en el Pacífico Sur Oriental son totalmente pescadas, sobre-pescadas o agotadas (FAO 1995).

Además, el desarrollo alcanzado por la industria turística es otro de los factores que agudiza la situación en las zonas costeras, la descarga no controlada de desechos en los océanos, la expansión de la acuicultura, y una falta general de la aplicación efectiva de las regulaciones costeras establecidas en cada uno de los países (PNUMA 2001).

1.
Estado de las Áreas Marinas y Costeras Protegidas en América Latina;
FAO
Resumen

2.
Sostenibilidad Financiera para Áreas Protegidas en América Latina;
FAO
Resumen

     
 

 

 
     
     

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