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Agricultura
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AGRICULTURA
Tal como se afirmó en la Conferencia de las Naciones Unidas de 1972 sobre el Medio Humano y en la Cumbre para la Tierra de 1992, los seres humanos son el centro del desarrollo sostenible. Sin embargo, aún hoy, más de 900 millones de personas siguen padeciendo hambre. Las poblaciones pobres del mundo, especialmente en las zonas rurales, están entre los más vulnerables ante las situaciones de crisis alimentaria, climática, financiera, económica, social y energética, y ante las amenazas a las que el mundo hoy se enfrenta.
No podemos llamar sostenible al desarrollo mientras persista esta situación, mientras que casi uno de cada siete hombres, mujeres y niños se queda atrás, víctima de la subnutrición.
La búsqueda de la seguridad alimentaria puede ser el hilo común que una los distintos desafíos que enfrentamos y contribuye a construir un futuro sostenible. En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río + 20) tenemos la oportunidad de oro para explorar la convergencia entre los programas de la seguridad alimentaria y la sostenibilidad a fin de hacer realidad ese futuro sostenible.
Ambos requieren cambios en busca de modelos más sostenibles de producción y consumo. Para alimentar a una población en crecimiento que se espera supere la cifra de 9 000 millones en 2050, la FAO prevé la necesidad de aumentar la producción agrícola en un 60% como mínimo en los próximos decenios. A tal fin, debemos conservar y crecer: aumentar la producción agrícola al mismo tiempo que preservamos el medio ambiente.
Pero incluso en ese caso, la presión sobre nuestros recursos naturales será extrema. Por tanto, debemos también cambiar la manera en que comemos y hallar la forma de alimentar al mundo sin necesidad de producir tanto. Esto puede hacerse pasando a dietas más saludables en los sectores más ricos de la población y reduciendo la pérdida y el derroche de alimentos que existen en los países industrializados y en los países en desarrollo, que nos hacen desechar 1 300 millones de toneladas de alimentos cada año, entre la producción y el consumo.
Sin embargo, incluso si realmente incrementamos la producción agrícola en un 60%, el mundo todavía tendrá 300 millones de hambrientos en 2050 porque, al igual que los cientos de millones de hoy en día, seguirían careciendo de los medios para acceder a los alimentos que necesitan. Para ellos, la seguridad alimentaria no es un problema de insuficiencia de la producción; se trata de un problema de acceso inadecuado. La única forma de garantizar su seguridad alimentaria es creando empleos dignos, pagando mejores salarios, dando acceso a activos productivos y distribuyendo los ingresos de una manera más equitativa.
Tenemos que traer a estas personas a la sociedad, complementando el apoyo a los pequeños agricultores y oportunidades de generación de ingresos con el refuerzo de las redes de protección, programas de dinero por trabajo y de transferencias de dinero que contribuyen al fortalecimiento de los circuitos de producción local y consumo, en un esfuerzo que debe contribuir a nuestros objetivos de desarrollo sostenible.
La transición hacia un futuro sostenible también exige cambios fundamentales en la gobernanza de la alimentación y la agricultura y un reparto equitativo de los costos y los beneficios de la transición. En el pasado, los más pobres han pagado una parte mayor de los costos de transición y han recibido una menor proporción de los beneficios. Este es un desequilibrio inaceptable y que debe cambiar. La velocidad del cambio también debería preocuparnos, de tal manera que la población vulnerable pueda adaptarse y ser parte de los cambios, en lugar de ampliar las diferencias que existen en la actualidad.

La mejora de los sistemas agrícolas y alimentarios es fundamental para que aumente en todo el mundo la salud de la población y los ecosistemas. No se puede llevar una vida sana y productiva a no ser que “todas las personas tengan en todo momento acceso físico, social y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana” (FAO, 1996).
Los ecosistemas sanos deben ser resistentes y productivos y facilitar los bienes y servicios necesarios para atender las necesidades y deseos actuales de la sociedad sin poner en peligro las posibilidades de las generaciones futuras de beneficiarse del abanico completo de bienes y servicios derivados de los ecosistemas terrestres, acuáticos y marinos.
Existen vínculos muy estrechos entre las condiciones para alcanzar a escala universal la seguridad alimentaria y nutricional, la administración responsable de los recursos medioambientales y una gestión alimentaria más justa.
Todos ello converge en los sistemas agrícolas y alimentarios a nivel mundial, nacional y local. Para poner de relieve estos vínculos, la FAO desea transmitir a la Cumbre Río+20 tres mensajes principales:
• La visión de Río de un desarrollo sostenible no podrá hacerse realidad a menos que se erradiquen el hambre y la malnutrición.
• La visión de Río exige que tanto el consumo de alimentos como los sistemas de producción consigan más con menos.
• La transición a un futuro sostenible exige cambios fundamentales en la gobernanza de la alimentación y la agricultura, así como una distribución equitativa de los costos de la transición y sus beneficios.

La FAO está convencida de que la visión de Río seguirá sin cumplirse mientras perduren el hambre y la malnutrición.
La gestión sostenible de los sistemas agrícolas y alimentarios es clave para un futuro sostenible. Se necesitan políticas acertadas con el objeto de crear los incentivos y capacidades necesarios para un consumo y una producción sostenibles y ofrecer a los consumidores y los productores opciones sostenibles.
Los gobiernos nacionales y otras partes interesadas tienen que:
1. Establecer y proteger los derechos sobre los recursos, especialmente para los más vulnerables;
2. Incorporar en los sistemas alimentarios incentivos al consumo y producción sostenibles;
3. Promover mercados agrícolas y alimentarios justos que funcionen adecuadamente;
4. Reducir el riesgo y aumentar la capacidad de resistencia de los más vulnerables; e
5. Invertir recursos públicos en bienes públicos esenciales, incluidas la innovación y la infraestructura.

Utilizar las Directrices Voluntarias en apoyo de la Realización Progresiva del Derecho a una Alimentación Adecuada en el Contexto de la Seguridad Alimentaria Nacional y las Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional como marcos generales para el logro de la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible equitativo.
Apoyar los esfuerzos de todas las partes interesadas que se ocupan de la alimentación y la agricultura, especialmente en los países en desarrollo y menos adelantados, para aplicar enfoques técnicos y normativos de desarrollo agrícola que incorporen objetivos ambientales y de seguridad alimentaria.
Garantizar una distribución equitativa de los costos y beneficios derivados de la transición al consumo y la producción agrícolas sostenibles, así como la protección de los medios de vida de las personas y su acceso a los recursos.
Adoptar enfoques integrados para gestionar múltiples objetivos y vincular las fuentes de financiación para lograr una agricultura y sistemas alimentarios sostenibles.
Emprender reformas de la gobernanza basadas en los principios de transparencia, participación y rendición de cuentas para garantizar la aplicación de las políticas y el cumplimiento de los compromisos. El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial puede servir de modelo para estas reformas.

En el primer principio de la Declaración de Río de 1992 (Naciones Unidas, 1992) se afirma lo siguiente:
Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible.
Tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza.
Desde entonces se ha hecho mucho por acercar al mundo a un futuro común y sostenible, pero, 20 años después, aún tenemos que hacer valer este principio fundamental; demasiadas personas del planeta aún no llevan una vida saludable y productiva, mientras que el mundo crece de formas que no siempre están en armonía con la naturaleza. ¿En qué no hemos estado a la altura de las circunstancias?
La vida saludable y productiva depende de la seguridad alimentaria, que se logra cuando “todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana” (FAO, 1996). Son muy estrechos los vínculos entre las condiciones necesarias para alcanzar la seguridad alimentaria y la nutrición universales, la administración responsable del medio ambiente y una gestión alimentaria más justa.
Todo ello converge en los sistemas agrícolas y alimentarios a nivel mundial, nacional y local. Uno de los mayores defectos de los actuales sistemas alimentarios es que, pese a los progresos significativos en el desarrollo y la producción de alimentos, cientos de millones de personas pasan hambre al carecer de medios para producir o comprar los alimentos que necesitan para llevar una vida saludable y productiva. Los sistemas alimentarios deben gestionarse con el fin de alcanzar la seguridad alimentaria universal.
Un segundo defecto de los actuales sistemas alimentarios es que su impacto ambiental es alto. Los costos y beneficios de un sistema sostenible no se reflejan adecuadamente en las decisiones adoptadas por todos los participantes en estos sistemas: los millones de personas que gestionan ecosistemas para producir alimentos y otros bienes y servicios agrícolas, los 7 000 millones de consumidores de todo el mundo y las instituciones públicas y privadas que influyen en estas decisiones. Los sistemas alimentarios deben gestionarse de forma sostenible.

Los sistemas agrícolas incluyen los procesos naturales o gestionados de obtención de productos alimentarios y no alimentarios (como combustible o fibra) a partir de la agricultura, la ganadería, la pesca y la silvicultura.
Los sistemas agrícolas constituyen la fuente de todos los alimentos del mundo y la principal fuente de ingresos de la mayor parte de la población pobre que padece inseguridad alimentaria.
Los sistemas alimentarios coinciden con los sistemas agrícolas en la esfera de la producción alimentaria, pero también comprenden las distintas combinaciones de instituciones, tecnologías y prácticas que determinan la comercialización, la elaboración, el transporte, el acceso y el consumo en relación con los alimentos. Los sistemas alimentarios influyen no solo en qué se consume y cómo se produce y se compra, sino también en quién puede comer y la medida en que sus alimentos son nutritivos.

La mejora de los sistemas agrícolas y alimentarios es esencial para que aumente en todo el mundo la salud de la población y los ecosistemas. Dos de los principales elementos de la respuesta necesaria no son nuevos, si bien seguimos avanzando cada vez más en su comprensión: que la erradicación del hambre es esencial para el desarrollo sostenible y que para eliminar el hambre y proteger los ecosistemas son fundamentales sistemas de consumo y producción sostenibles. No hemos estado a la altura en relación con un tercer elemento: las dificultades relativas a la gobernanza que deben abordarse para alcanzar estas metas. Sabemos claramente lo que hay que hacer, pero todavía carecemos de un sistema de gobernanza que garantice la aplicación, el seguimiento y la evaluación de lo sabido y acordado.

Para conseguir el futuro que queremos (un mundo sin hambre y con desarrollo sostenible), la FAO trata de fomentar el consenso en torno a los cambios necesarios a nivel mundial, regional y nacional para erradicar el hambre, apoyar la transición a sistemas sostenibles de consumo y producción de alimentos y garantizar una gestión alimentaria más justa. Pide que este consenso se traduzca en un compromiso de acción profundo y sostenible y exhorta a todas las partes interesadas representadas en Río a que adopten con urgencia la nueva determinación necesaria para actuar juntos en un espíritu genuino de cooperación y alianza con el fin de aplicar las medidas necesarias y asumir la responsabilidad a efectos de la consecución del primer principio de Río de 1992.


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CONTRATO-INVERSIÓN
La agricultura por contrato se puede definir como un sistema de producción agrícola llevado a cabo según un acuerdo entre un comprador y los agricultores, mediante el cual se establecen las condiciones para la producción y la comercialización de uno o más productos agrícolas.
Por lo general, el agricultor se compromete a entregar la cantidad acordada de un producto agrícola determinado.
El producto debe cumplir con los requisitos de calidad establecidos por el comprador y debe ser entregado en el plazo que éste haya determinado. A su vez, el comprador asume la obligación de comprar el producto según las condiciones de precio acordadas y, en algunos casos, prestar apoyo a la producción a través de, por ejemplo, el suministro de insumos agrícolas, la preparación de la tierra y la provisión de asesoramiento técnico.
Si las condiciones que están estipuladas en el acuerdo de agricultura por contrato perjudican a alguna de las partes, ya sea por motivos de desequilibrio de poder de mercado, por un comportamiento oportunístico o por otras prácticas desleales, la relación entre el comprador y el agricultor probablemente se deteriorará. En este escenario, las operaciones de la agricultura por contrato no serán satisfactorias y se perderá la oportunidad de obtener beneficios mutuos de una relación bien coordinada entre comprador y vendedor.
La agricultura por contrato sigue adquiriendo importancia como mecanismo para regir las transacciones en las cadenas de suministro de agroalimentos y como instrumento para fomentar el acceso de los pequeños agricultores en los mercados. Por lo tanto, es oportuno considerar los varios enfoques posibles para reducir al mínimo la probabilidad de conflictos en las relaciones contractuales, con el objetivo de aumentar los posibles beneficios para los dos socios y promover así el impacto en el desarrollo social y económico derivado de la contratación en el sector agroalimentario.

Objetivo común
Los agricultores y los compradores deben tener un objetivo común al comprometerse en la agricultura por contrato. Los acuerdos deben basarse en el principio de que el contrato protegerá a ambas partes de los riesgos que pudieran aparecer durante el desempeño de las tareas y facilitará la ejecución de las obligaciones contractuales. La finalidad es que el acuerdo promueva la producción agrícola y garantice un mercado seguro para el producto, permitiendo así a los agricultores aumentar sus ingresos y a los compradores obtener un rendimiento por sus inversiones (la llamada situación “ganar-ganar”).

Adopción de un marco jurídico
Para regular sus acuerdos, los agricultores y los compradores deben celebrar un contrato.
Para que sean válidos, los contratos deben cumplir una serie de requisitos esenciales: las partes deben tener la capacidad jurídica para contratar y dar su consentimiento libre e informado. En los casos en que un grupo o asociación celebra el contrato, se debe estipular con claridad si la responsabilidad es de un miembro o del grupo. Ello dependerá del tipo de asociación elegida por el grupo y de la legislación nacional en vigor.
Los contratos se perfeccionan cuando una de las partes (por ejemplo, el agricultor) acepta la oferta realizada por la otra parte (por ejemplo, el comprador).
Los contratos deberán especificar claramente las responsabilidades de las partes. Además, los contratos deberán definir su “objeto” (es decir, el bien o servicio que constituye la obligación del agricultor y el comprador), como, por ejemplo, la venta de un cultivo designado por el agricultor y el pago por el comprador. Por último, los contratos deberán incluir los detalles de las obligaciones y responsabilidades del agricultor y del comprador (la llamada “causa” en terminología jurídica) que incluye el precio y método de pago. El “objeto” y la “causa” del contrato deberán ser lícitos, es decir, no deberán ser ilegales, inmorales o contrarios al orden público.

Documentación clara
El contrato deberá ser preferentemente redactado por escrito, de manera que quede constancia de las clausulas que las partes han acordado así como el derecho a exigir el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato. Se recomienda que los acuerdos escritos se redacten de forma que ofrezcan directrices claras relativas a la calidad acordada de los productos, las condiciones relativas a los precios, el pago y el suministro del producto y eviten conflictos que puedan surgir debido a malentendidos. En los casos en que las partes realicen acuerdos orales, estos deben efectuarse preferiblemente en presencia de uno o más testigos que no tengan interés en la relación económica entre el agricultor y el comprador.

Legibilidad de los contratos
Los contratos deberán ser redactados por escrito en un lenguaje claro y coherente, utilizando un carácter legible y palabras que un agricultor con un nivel medio de experiencia y educación pueda entender. Se pueden producir fácilmente malentendidos y confusión si las condiciones del acuerdo no se explican ni se entienden con claridad. Sería conveniente que los contratos se redactaran en el idioma que ambas partes conocen mejor. Cuando los agricultores sean analfabetos, el texto del contrato deberá ser leído en voz alta por una tercera parte.

Debida atención y tiempo de revisión adecuado Los compradores deberán conceder a los agricultores un período de tiempo suficiente, según el caso, para examinar el borrador del contrato y buscar asesoramiento jurídico u otro tipo de asesoría antes de firmar. Los contratos deberán celebrarse con la suficiente antelación al comienzo de una temporada agrícola y los agricultores no deberán ser presionados para aceptar el contrato sin haber recibido previamente el asesoramiento necesario. Los compradores deberán también conceder a los agricultores el derecho a anular el contrato dentro de un período designado. Una vez que se haya firmado el acuerdo, los compradores deberán proporcionar una copia del mismo a los agricultores.

Revelación de información necesaria Los agricultores y los compradores deberán revelar toda la información necesaria para la celebración del acuerdo y ser transparentes en sus relaciones comerciales. En los contratos debe indicarse con claridad la cantidad del producto que tiene que ser suministrada por el agricultor durante un periodo de tiempo, los estándares de calidad y los medios que se usarán para evaluarla en el momento de la entrega. Otras condiciones que podrían ser indicadas en el contrato, en caso de que las establezca el comprador, podrán ser el plazo en que los agricultores deben entregar el producto o en que los compradores lo deben recoger, así como la responsabilidad correspondiente al transporte. Asimismo, deben figurar con claridad en el contrato las condiciones relativas a un posible suministro de insumos a los agricultores. Los criterios para determinar el precio del producto y los medios para su verificación deberán especificarse de forma inequívoca. Los contratos deberán establecer su duración y las condiciones de resolución como por ejemplo, notificar la resolución por escrito dentro de un período razonable de tiempo.

Transparencia en la determinación del precio Los precios y el pago constituyen un elemento fundamental de todo contrato, y necesitan ser claramente acordados y entendidos por agricultores y compradores. Es aconsejable que las partes negocien con el fin de acordar un precio que sea mutuamente satisfactorio, y que ambas partes respeten rigurosamente el contrato.
El precio y los métodos de pago han de especificarse con claridad en el contrato, así como toda la información necesaria para asegurar el cumplimiento de las cláusulas contractuales. Además, es importante especificar cuándo y dónde se efectuarán los pagos a los agricultores.
Los contratos deberán garantizar la transparencia en la determinación del precio y en los procedimientos de pago. Se deberán evitar fórmulas complejas de determinación de la cantidad y calidad del producto que sean de difícil comprensión para los agricultores. Se recomienda que los contratos especifiquen con claridad cualquier gasto o deducción que pueda afectar a la suma neta total pagada a los agricultores. Los contratos deberán proporcionar también información transparente sobre los costos de todos los insumos y servicios que se suministrarán. Es aconsejable que el contrato contenga una cláusula sobre la posible renegociación de los precios en el caso de circunstancias imprevistas, como cambios considerables en las condiciones del mercado que den lugar a grandes diferencias en el precio con respecto a lo estipulado en el contrato.

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2.
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Inversión en la agricultura a pequeña escala en favor de la seguridad alimentaria;
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5.
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6.
Principios rectores para las operaciones responsables de agricultura por contrato;
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